El fin de semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anunció la anulación de la elección en Coyoacán, el hecho sienta un precedente por demás importante porque dentro de las causales de la anulación se encuentra la evidencia de agresiones y descalificaciones en redes sociales en contra de la candidata de Morena María Rojo, acciones que podrían haber influido en el resultado de la elección.

El hecho es trascendente porque, aún cuando se hace bajo la figura de violencia política de género, es la primera vez (esperemos que sea de muchas) que una elección se anula derivado de una campaña negra para denostar y descalificar a un candidato a través de divulgación de información falsa.

Quizás si este mismo criterio se utilizara para solicitar la anulación de todos los procesos electorales en el país, habría elementos suficientes para repetir en su conjunto cada una de las contiendas que se resolvieron en las urnas el 1 de julio pasado; toda vez que el uso de este tipo de prácticas se estaba volviendo un tema muy común, incluyendo en la campaña presidencial.

El tema no es menor, existen agencias de comunicación que, en corto, ofrecen este tipo de servicios, incluso con absoluto desparpajo y cinismo, se congratulan por ser “especialistas” en este tipo de campañas negativas a través de la creación de portales web y fanpages ficticios así como de la producción de videos y otros productos comunicativos para manipular intencionalmente a los electores y descalificar a los contendientes rivales.

Estas empresas suelen cobrar cantidades exhorbitantes que no se manifiestan en las encarnaciones de gastos de los candidatos o los partidos porque, oficialmente, estos nunca solicitaron dichos servicios ya que se encuentran fuera de lo que la ley electoral permite para las campañas político-electorales, aunque en algunos casos se disfrazan como parte de un contrato de servicios de comunicación genérico que no detalla el motivo del pago.

La decisión del TEPJF ya fue impugnada por el PRD para solicitar que se revierta pero se ve muy difícil que esto sea así con lo que la elección en Coyoacán quedará anulada y deberá repetirse, no obstante que la campaña negra sigue toda vez que apareció un comunicado en el que supuestamente el candidato ganador, Manuel Negrete, reclamaba la intervención de López Obrador y Claudia Sheinbaum en la decisión del tribunal, aunque posteriormente el propio Negrete apareció en sus redes sociales desconociendo dicho comunicado.

En la resolución del TEPJF se consideró también el uso de recursos públicos a través de la entrega de apoyos de un programa de gobierno que no se suspendió durante el proceso electoral, lo que agrega un componente igualmente relevante para la anulación situaciones, ambas (la campaña negra y la entrega de recursos), que se empezaban a convertir en un mecanismo común en la lucha por restar o sumar votos.

El precedente es importante porque a partir de ahora se puede aludir a una sentencia del TEPJF para anular una elección en la que una campaña negra haya sido utilizada para menoscabar la imagen de un candidato pudiendo alterar así el resultado de un proceso electoral.

Es destacable también que no fue necesario que el tribunal tuviera que determinar el grado de afectación que pudo tener en el proceso el uso de este tipo de prácticas intimidatorias que solo buscaban la descalificación de una candidata respecto a su contrincante y que tampoco haya sido necesario demostrara que la realización de la campaña negra proviniera de la casa de campaña de alguno de los contendientes.

Esto significa que el tribunal valora el criterio de equidad en el sentido de que nadie intervenga en sentido negativo para perjudicar a un candidato o a otro, simplemente señala que los hechos causales de la anulación existieron (portales web y fanpages creadas para descalificar a una competidora) así como la entrega de recursos públicos, lo haya sabido o no el candidato que resultó beneficiado.

En la parte legal seguro vendrán las sanciones por estos hechos, entre las cuales debe considerarse el daño al erario derivado de la necesidad de repetir un proceso electoral pues ya hubo un gasto de dinero público que termina no siendo productivo al generar condiciones que obligan a anula y quizás repetir el proceso electoral.

Así las cosas, hay que reconocer la determinación del tribunal que sienta un precedente al respecto de tres temas específicos: la violencia política de género, el uso de recursos públicos durante una contienda electoral y las campañas negras para descalificar a un candidato a través de afectar de manera negativa su imagen publicando información deliberadamente falsa.

Quiénes pretendan participar en elecciones futuras deberán tener en consideración esta resolución antes de aceptar contratar empresas que se ufanan de alterar elecciones a través de campañas negras, contratarlas y utilizarlas puede resultar no solo costoso en términos económicos sino también políticos porque a final de cuentas, como en este caso, la elección puede terminar siendo anulada. Enhorabuena para el tribunal y para la democracia mexicana.

J. Israel Martínez Macedo