Tras los constantes señalamientos de desvíos millonarios, legisladores proponen cambios a las leyes de las universidades del Estado de México, Colima, Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Michoacán, Sonora y Sinaloa.

Mediante el nombramiento de contralores y auditores externos en las universidades, así como la obligación de las casas de estudio de presentar sus cuentas ante las auditorías estatales, diputados de al menos ocho estados buscan aminorar los riesgos de desvío de recursos en esas instituciones.

En esas entidades, donde Morena tiene mayoría en los Congresos locales, se han presentado iniciativas de ley encaminadas a evitar el desvío de recursos en universidades públicas, el pago por servicios inexistentes o los gastos irregulares.

Tras los constantes señalamientos de desvíos millonarios, legisladores proponen cambios a las leyes orgánicas de las universidades estatales del Estado de México, Colima, Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Michoacán, Sonora y Sinaloa.

Por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), una de las instituciones involucradas en la denominada “Estafa Maestra”, recibió 223 millones de pesos del FOVISSSTE en 2013 para simplificar los procesos de atención a derechohabientes, pero no hay evidencia de haber prestado esos servicios.

Ante ello, la iniciativa de reforma pretende que la UAEM sea fiscalizada anualmente y transparente el uso de sus recursos, además de que los nombramientos del contralor y del auditor externo sean facultad del Congreso y no del Rector.

Para la Universidad de Colima, señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por un probable daño por 32 millones de pesos en 2017 tras un convenio con Cofepris, se busca que entregue sus cuentas públicas al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.

En el caso de la Universidad Autónoma de Guerrero los legisladores proponen crear la figura de titular del Órgano de Control Interno, designado por el Congreso del estado, para incorporarla al sistema estatal anticorrupción.

En la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con desvíos 79 millones 794 mil pesos en ese mismo año, se proponen cambios a la estructura de gobierno.

En la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el Rector, el Secretario General y el Abogado General ganan más que el Presidente, por lo que se busca crear una nueva Ley Orgánica para regular los sueldos de los funcionarios universitarios.

Según los diputados Juan Adrián Trasviña Ramírez y Manuel Luis Rodríguez, también existe nepotismo, clientelismo, compras amañadas y oferta académica a modo al interior de la institución. Por ello, proponen crear la Unidad de Transparencia Universitaria.

En el caso de Veracruz se trata de una iniciativa impulsada por las propias autoridades universitarias. En algunos de esos estados también se plantea garantizar la paridad de género en cargos directivos.

Óscar Luna

Por: QS Redacción.

Con información de: Agencia Reforma.