El objetivo es evitar actos de corrupción en Edomex.

Por: América Muñoz

Toluca, Méx.- A propuesta del legislador perredista  Javier Salinas Narváez, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales otorgó al Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) facultades preventivas y de denuncia durante el ejercicio vigente, con la finalidad de evitar que se repliquen problemas como los ocurridos con el tren interurbano México-Toluca o el Viaducto Elevado Bicentenario que han registrado sobrecostos.

En su calidad de diputado asociado, el legislador participó en la sesión de comisión que tuvo por objetivo dictaminar la reforma constitucional para crear el Sistema Anticorrupción Estatal. Entre las modificaciones aprobadas, y que fueron enriquecidas por él, se encuentran la de reafirmar las facultades de fiscalización y sanción del OSFEM, fundamentalmente en lo que respecta a sus atribuciones preventivas.

“El OSFEM podrá, en el transcurso del ejercicio vigente, revisar las acciones que puedan causar daño al erario público”, indicó. En la actualidad, recordó, las sanciones son punitivas y resarcitorias, pero se imponen cuando el problema ya no se puede solucionar y ya causó daño al erario público.

“Con esta figura el OSFEM podrá revisar en el momento las acciones anormales, como en el caso del tren suburbano, donde se están cayendo las ballenas, hay retrasos que generarán sobrecostos, incluso no se ha pagado a los trabajadores, o como el caso OHL con Viaducto Elevado Bicentenario. En ambos, se perjudica la periodicidad de la obra y los costos de construcción”, ejemplificó.

El legislador promovió agregar a las facultades fiscalizadoras del OSFEM también las de revisión a personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos para que no quede sólo en los entes públicos, pero la Comisión arguyó la necesidad de revisarlo con detenimiento y postergarlo. De cualquier manera, el legislador se comprometió a insistir en el pleno sobre su inclusión.

Salinas Narváez indicó que  otro avance importante de la reforma es la creación de la figura del Tribunal de Justicia Administrativa, lo que garantiza revisiones colegiadas como en Brasil, y la implementación de la responsabilidad patrimonial del Estado cuando se causan daños a los ciudadanos.