A casi un mes de que llegue el día de la jornada electoral José Antonio Meade logró colocar un tema en agenda: Nestora Salgado; mujer identificada como defensora de derechos humanos pero también acusada de haber ordenado y ejecutado varios secuestros, situación que ha hecho que los procesos en su contra sigan abiertos.

La acusación, lanzada durante el segundo debate, ha sido la bandera del candidato priista dado que Morena ha postulado a la activista para un puesto en el Senado de la República a pesar de los cuestionamientos (existentes desde el mismo día en el que se confirmó su nombre en la lista) respecto a si es o no una secuestradora.

El tema ha generado una polarización tal que ya no parece haber lugar para puntos medios, por una lado los partidarios de Meade quienes aseguran que se trata de una secuestradora a la que se le pretende dar “inmunidad” a través del fuero para senadores; por el otro, los partidarios de López Obrador quienes afirman que Nestora es una defensora de los derechos civiles que merece estar en el sitio se toman donde las decisiones más importantes del país.

Para Meade, la discusión ha simbolizado el primer gran acierto de campaña porque ha logrado hacer que el tema se vuelva parte de la agenda nacional, algo que ni él ni Ricardo Anaya habían conseguido desde que comenzaron las campañas y aunque el tema empieza a entrar en desgaste sin que hasta el momento se vislumbre en el panorama otro asunto que el priista pueda abanderar, el asunto apenas se ha debatido pues la discusión se mantiene en el caso particular de Nestora.

La cuestión es ¿podría ser posible que ambas partes en debate pudieran tener algo de razón? Es decir, a final de cuentas el que Nestora Salgado sea una activista defensora de los derechos humanos en una faceta de su vida no impide, en estricto sentido, que pueda encabezar una banda dedicada al secuestro en otra.

Quizás por esta razón es que el nivel del debate se mantiene en lo particular pero sobre todo en el discurso de que una cosa cancela a la otra, es decir, de que si es una activista de los derechos de los ciudadanos no puede ser delincuente o que si es delincuente no puede ser defensora de derechos humanos cuando en realidad ambas cosas pueden ser posibles.

El asunto aquí es que si resultara ser que en realidad existe una “Nestora secuestradora” que utilizaba la fachada de “Nestora defensora de los derechos humanos” para encubrir sus actividades legales, entonces el siguiente paso sería cuestionar si existen más activistas que detrás de su actividad pudieran estar encubriendo otras actitudes delincuenciales.

Imaginemos solo por un momento que una organización que luche contra la corrupción esté, por detrás de la fachada, promoviendo o facilitando actos de corrupción o que los líderes de alguna ONG en defensa de los derechos de las mujeres se dedique a la trata de personas.

Más allá del tema político-electoral el asunto de Nestora Salgado pone en evidencia la posibilidad de que esta situación ocurra, hasta ahora se ha pensado que quienes inician y encabezan una ONG lo hacen con un fin de bienestar para la comunidad pero lo cierto es que no existe un mecanismo o un protocolo que garantice o vigile esta circunstancia.

Pensar o creer que un activista social es “bueno” solo por el hecho de la actividad a la que se dedica es tanto o menos lógico que creer que una persona es mala solo por tener dinero o buena solo por no tenerlo.

Debe existir una investigación muy transparente sobre los hechos que dan sustento a la acusación y determinar si hay elementos legales pero también históricos para poder conocer la historia completa y determinar acciones a seguir, incluso, considerar la posibilidad de que las ONG transparentes sus organizaciones al mismo nivel que las gubernamentales en aras de una mayor confianza ciudadana.

J. Israel Martínez Macedo