Estamos muy concentrados en lo que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador representa para el nivel federal pero, como en toda estructura, los cambios se darán “en cascada” para el resto del país, los estados deberán redefinir estrategias condiciones para lo que se viene en un ambiente muy poco prometedor para ellos.

El recorte de servidores públicos de la administración federal representa la muy amplia posibilidad de que esos empleados traten de ubicarse en las administraciones estatales y municipales que estarán ávidas del conocimiento sobre la operación de los programas y recursos de la federación que estos puedan aportar.

Pero los gobiernos no podrán darse el lujo de engrosar sus nóminas y sus filas, la determinación de crear la figura de los coordinadores estatales, que en la práctica fungirán como vicegobernadores con la operatividad que otorga ser quienes determinen el uso y manejo de entre 70 y 85 por ciento del presupuesto de los estados y municipios, orilla a ser muy cuidadosos con los recursos restantes.

Así que la llegada de servidores públicos con más experiencia y capacidad dispuestos a trabajar en administraciones estatales y municipales a cambio de un sueldo decente y buenas prestaciones, representa un riesgo para quienes en estos momentos ocupan esos lugares que se podrían llegar a utilizar.

En concreto, el cierre de las plazas federales representa también un riesgo para los trabajadores estatales y municipales quienes podrían verse reemplazados por esos perfiles que la Federación dejará escapar, según lo ha anunciado.

En la iniciativa privada las cosas no serán muy diferentes, los tiburones irán a la caza de ese conocimiento y habilidades con que cuentan los servidores públicos respecto a los manejos de los programas federales, el entendimiento de las reglas y recovecos de la ley para la obtención de los recursos además de los contactos, entre quienes se queden, para poder agilizar los trámites que sean necesarios para conseguirlos.

Aunado a ello, muchos de estos servidores públicos utilizarán los recursos de sus liquidaciones y ahorros en fondos de inversión para echar a andar sus proyectos propios, lo que representa más competencia en cada uno de los segmentos en los que estos noveles empresarios quieran echar a andar sus planes, ya sea como propietarios, inversionistas o sociedades; entrarán a la competencia directa con más capital, ofertas innovadoras, conocimiento más amplio del mercado y, sí, también de cómo aprovechar los programas de inversión o similares; cosas con las que algunas empresas actuales no podrán competir.

Quienes menos deben estar preocupados ante esta situación son precisamente los servidores públicos que serán echados a partir del 1 de diciembre; cuentan con el conocimiento, experiencia y contactos suficientes y necesarios para ser buscados por la iniciativa privada, los gobiernos estatales o municipales e incluso con amplias posibilidades de aprovechar dichas habilidades y experiencia en el beneficio de un negocio propio.

El efecto de las decisiones de López Obrador repercutirá en las entidades de manera directa y por supuesto que tendrá un impacto en las economías locales, estatales y regionales de manera inmediata generando una escalada de despidos en todos los sectores que impactarán de distintos modos en nuestra endeble economía mexicana.

El ajuste quizás no se note de inmediato pero muy probablemente para el primer tercio de 2019 veremos el impacto real de las decisiones que se están anunciando ahora; será entonces que conoceremos las historias de las verdaderas víctimas de la purga de servidores públicos federales y el alcance a lo largo del país de esta decisión.

Evidentemente será también más difícil de identificar precisamente por cómo se desperdigarán los casos y afectaciones, no es lo mismo cientos de miles de desempleados en una sola entidad que distribuidos a lo largo y ancho del país; pero estas historias ocurrirán y lo harán de una manera poco agradable.

J. Israel Martínez Macedo