Contra la censura previa en Hidalgo

17 de enero de 2018

J. Israel Martínez Macedo

Los derechos fundamentales deben ser garantizados por el Estado pero cuando no es así, está en manos de los ciudadanos actuar para evitar que sean las propias autoridades quienes los violenten; es justo lo que está ocurriendo en el estado de Hidalgo donde un juez ha determinado procesar a una persona por llevar su caso a los medios antes que al juzgado aunque el tufo de corrupción ronda por todos lados.

Leonardo García Vázquez es un ciudadano como cualquiera de nosotros, dio una entrevista a El Independiente de Hidalgo, un medio de circulación local en donde quedaron evidenciadas las irregularidades de la construcción; lo curioso del caso es que en documento publicado por el medio aparecen dos denunciantes, el ya mencionado y Lourdes García Hernández, pero solo Leonardo fue demandado ¿el motivo? Anunció que presentaría un escrito a la Secretaría de la Función Pública acusando tráfico de influencias.

Resultó que la empresa constructora “Sylma” está encabezada por Sylvia Rico Moreno, hermana del subdirector de Obra del Estado de Hidalgo, Marco Antonio Rico Moreno, y quien es señalado como director de la obra en cuestión, además de ser hermanos del secretario de Medio Ambiente Benjamin Rico Moreno, según se detalla en la nota de El Independiente.

Lo referido en la nota es, básicamente, que toda la familia se ve involucrada y trabaja para el negocio familiar de la construcción: la hermana hace las casas, un hermano supervisa la obra y da los permisos de construcción mientras que otro libera los estudios de impacto ambiental, desde dentro y fuera de la administración estatal; y para colmo de males, lo hacen mal.

Además del evidente conflicto de intereses que ya debería haber llamado la atención de la Secretaria de la Función Pública, lo más lamentable aquí es el actuar del juez Ciro Juárez Ortega al vincular a proceso a una persona por dar una entrevista a un medio local en donde denuncia las irregularidades de la empresa Sylma y de los hermanos Rico Moreno porque a criterio del juzgador el acusado Leonardo García Vázquez tuvo que haber agotado todas las instancias legales pertinentes en el estado de Hidalgo antes de acudir a los medios.

Básicamente lo que él juez Juárez Ortega está proponiendo es que Garcia Vázquez debió tener una censura previa y no decir nada del caso hasta que las autoridades judiciales de Hidalgo resolvieran pero como decidió expresar su inconformidad con la situación en que vive y además hacerlo en los medios, entonces es merecedor a un proceso por difamación.

De entrada es por demás lamentable que el estado de Hidalgo mantenga vigente el delito de difamación siendo que a nivel federal ha sido excluido del código penal desde hace ya varios años atrás; pero más aún que se utilice este pretexto para que un juez sugiera que los habitantes de esa entidad apliquen censura previa sobre los casos que son de su interés.

La sentencia del juez busca eliminar el debate público sobre temas de interés general y, al generar jurisprudencia, expone a todos los hidalguenses a recibir el mismo trato en posibles casos posteriores a este en donde los ciudadanos tendrían prohibido llevar a los medios aquellos temas donde se vean afectados e intentar resolverlos en la secrecía de un juzgado como el que dirige Ciro Juárez.

El derecho a la libre expresión de las ideas busca promover el conocimiento y debate de asuntos de interés de la comunidad, restringirlo o negarlo es bloquear a la sociedad en su conjunto el ejercicio de estos mecanismos de interacción y acercan al gobierno en su conjunto al autoritarismo, situación que, para cómo está el país, no debemos permitir.