Simulaciones legislativas

18 de diciembre de 2017

J. Israel Martínez Macedo

La política mexicana se ha convertido en los últimos años, quizás décadas, en un intrincado y complejo juego de simulación en el que todo se trata en círculos muy reducidos de poder, se transfiere a círculos un poco más amplios y luego se hace el manejo a la gente según sean los intereses de los partidos o los actores en cada tema; veamos el caso de las dos leyes aprobadas el pasado viernes.

Primero, los senadores aprobaron la Ley de Seguridad Interior que ha provocado gran controversia, principalmente por las atribuciones que se le otorgan al Ejército y la Marina para justificar su participación en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico en el país.

Dentro de las principales quejas que se han presentado a esta ley es la ambigüedad en su redacción que permite que cualquier cosa pueda justificar la presencia militar en un municipio o estado y que incluso esta presencia se pueda prolongar por más de un año a criterio único del Presidente de la República (nada tontos, los legisladores no se involucraron a sí mismos en la participación para la toma de estas decisiones).

Otra de las cuestiones que han sido criticadas es el uso del Ejército y la Marina para actividades propias de los entes policiacos (civiles) en lugar del fortalecimiento y capacitación de estos elementos otorgándoles a las fuerzas castrenses del país mayor injerencia en la vida civil y en las acciones sociales de la vida cotidiana.

Las reacciones no han parado desde su aprobación en el Senado, tanto los que están a favor como en contra; por un lado líderes sociales, organizaciones no gubernamentales y hasta actores y personajes de la farándula que han intentado llamar la atención de la gente sobre el tema sin que parezca que haya suficientes resultados al respecto mientras que, en contraparte, están los comentarios de quienes dicen vivir en el flagelo de estos grupos sin posibilidad de defensa.

Lo más grave del tema es que a pesar de ser un asunto de interés general y la gran indignación que se ha vivido, en realidad son muy pocos sectores de la población quienes se han interesado en lo que está pasando, de nueva cuenta, porque la sensación de lejanía con el tema.

Algo similar a lo que ocurre con la reforma al artículo 1916 del Código Civil Federal en el que se considera hecho ilícito sujeto a reparación de daño moral: “el que comunique, a través de cualquier medio incluidos los electrónicos, a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien”.

Es decir, la llamada popularmente “ley antimeme” que advierte una censura previa por parte de las autoridades ha sido, por decir lo menos, repudiada y rechazada por importantes sectores de la sociedad, no obstante que fue aprobada por todos los grupos parlamentarios, incluidos lo de la izquierda (Morena y PT), aunque ha sido el PRI al que le tocó cargar con la parte más pesada por haber sido los promotores de la iniciativa.

Lo cierto es que el artículo 1916 Bis termina por echar todo a tierra poniendo limitantes a todo este proceso de tal forma que aunque se presente la denuncia por daño moral, será muy complicado que esta avance; dicho de otro modo en uno se sanciona y en el otro se dice que no es para tanto.

Así la simulación avanza: la Ley de Seguridad Interior fue aprobada pero con modificaciones por lo que regresara de nuevo cuenta a la Cámara de Diputados para avalar sus cambios, con lo que podría seguir “pinponeando” un buen rato, en tanto que la modificación al 1916 del Código Civil Federal terminó quedando como un perro sin dientes, que amenaza las libertades de expresión y de prensa pero que no llega, en realidad, a ponerla en completo peligro.