Uno de los temas que más nos preocupa a los mexicanos es la corrupción que ha prevalecido en prácticamente todos los órdenes del gobierno y en todos los rincones del país. Las razones morales son más que suficientes para exigir que la corrupción sea erradicada por completo. Sin embargo, la tarea también es deseable desde un punto de vista meramente utilitario. En primer lugar, la corrupción supone un sobreprecio que paga el gobierno por los bienes y servicios que compra del sector privado. Si las empresas anticipan que tendrán que hacer una transferencia en efectivo a algún funcionario corrupto es de esperarse que no sean capaces de ofrecer precios más competitivos al gobierno. Desde un punto de vista meramente económico o contable, esta es una transferencia de recursos de una parte de la economía a otra, y no todo el monto del soborno puede ser interpretado como costo en bienestar social.

Este punto puede resultar sumamente controversial, así que permítanme ofrecer un ejemplo. Si a usted le roban 500 pesos por supuesto que esto representa un costo, un agravio a su economía familiar, así como cuando un funcionario corrupto acepta un soborno, éste representa un costo para todos los mexicanos que pagamos impuestos. Sin embargo, estos 500 pesos no se evaporan de la economía, si no que son transferidos de un bolsillo a otro, y ultimadamente serán gastados en algún bien o servicio que harán que la economía se siga moviendo. Lo mismo sucede con el pago de un soborno, el dinero pasa de un bolsillo a otro y esto no desacelera el crecimiento económico necesariamente.

El costo en bienestar social se encuentra en el costo de oportunidad de esos recursos que fueron utilizados para el consumo privado del funcionario corrupto. Si el funcionario no hubiera aceptado el soborno, la empresa podría ofertar un menor precio o una mejor calidad en el bien o servicio. Si la calidad fue menor, el costo en bienestar social se traduce en una menor tasa de retorno del proyecto, si el precio fue mayor el costo proviene de la tasa de retorno de otros proyectos que no se pudieron realizar por falta de presupuesto.

El punto medular en el cálculo de la pérdida en bienestar social de la corrupción es la tasa de retorno social del gasto público. En un país como México normalmente se piensa que es altísima y difícil de calcular: ¿cuál es el retorno social de salvar la vida de un niño o proveerle de educación de calidad? De esta manera, pensar que el daño que le hace al país la corrupción es del tamaño del monto de los recursos desviados es una grave subestimación. El verdadero daño está en todo el rezago en desarrollo social que se ha acumulado por no haber invertido esos recursos, especialmente en los sectores de la población más marginados.

El problema es real y es enorme, por eso urge atenderlo. No nos beneficia en nada como sociedad creer en un cuento de hadas en el que un personaje con mera voluntad terminará con la corrupción predicando con el ejemplo. Tampoco nos sirve satanizar a un partido y pensar que echándolo del poder se terminará con la corrupción. Estos mensajes son convenientes porque pueden ser explotados electoralmente, pero no son la solución. Tenemos que comenzar por reconocer que nadie tiene el monopolio de la corrupción ni de la honestidad así como entender que arreglar el problema será mucho más complicado de lo que nos quieren hacer creer.

Román Acosta Rodríguez