Hace unos días el New York Times reportó que Cambridge Analytica, una compañía que da asesoría basada en análisis de datos, había tenido un acceso indebido a la información de más de 50 millones de usuarios de Facebook. La razón por la cual esta noticia cobró aún mayor relevancia es porque esos datos fueron presuntamente utilizados para manipular a los votantes norteamericanos mientras Cambridge Analytica trabajaba para el entonces candidato presidencial Donald Trump.

Que una compañía tenga acceso a la información de los usuarios de Facebook no debería de causar extrañeza, después de todo es ese el contrato que explícitamente firmamos los usuarios de redes sociales con los proveedores de dichas plataformas: una experiencia gratuita a cambio de cederle al proveedor del servicio el derecho de lucrar con nuestros datos. Esto generalmente se materializa con la venta de nuestra información personal a las compañías que buscan posicionar sus productos en nichos hiperfocalizados.

El gran problema en este caso fue que el acceso que Cambridge Analytica tuvo a estos datos fue ilegal. en lo particular, los obtuvo de un tercero que no tenía autorización de compartirlos. Aquí vale la pena hacer un paréntesis para reconocer que el New York Times y demás organizaciones que han diseminado el reportaje han liderado la campaña mediática en contra de Trump sosteniendo que ganó la elección gracias a la intervención cibernética rusa. La historia de Cambridge Analytica cae como anillo al dedo en esta narrativa.

Todo este asunto pasa de gris a oscuro cuando se dan a conocer videograbaciones donde altos directivos de Cambridge Analytica discuten estrategias “poco éticas” con las que logran influenciar a los actores políticos a favor de sus clientes. Adicionalmente, existen rumores de que esta firma ha trabajado recientemente en México y se prevé que pronto salgan a la luz sus conexiones con los candidatos a la Presidencia de México.

Aquí es donde vale la pena hacer dos precisiones. En primer lugar, no existe ningún problema a priori con que las compañías que ofrecen sus servicios sin un costo financiero para el usuario lucren con los datos que recopilan siempre y cuando ambas partes estén informadas y de acuerdo en la utilización que se les dará a los datos. En segundo lugar, tampoco hay problema con que un candidato contrate la asesoría de una compañía especialista en el análisis de datos. El análisis de las características sociodemográficas del electorado es una parte esencial de una campaña política efectiva.

El gran problema surge cuando el acceso a los datos del electorado es ilegal y/o cuando se utilizan los datos para dirigir una campaña de información falsa, las ya famosas Fake News. En el primer caso el problema es evidente y ya hay todo un marco legal que protege los datos de todos los mexicanos. En el segundo caso el tema se complica, ya que esparcir mentiras no es un delito per se, y no existen mecanismos legales que nos protejan las noticias falsas. Sin embargo, sigue siendo altamente pernicioso para la sociedad debido a que polarizan y disminuyen la voluntad de diálogo y apertura al diálogo.

El debate sobre como regular la utilización de datos ya comenzó, al menos en Estados Unidos. Mientras resolvemos cuales son las medidas a seguir para evitar que las compañías y los políticos abusen de la información queda en nuestras manos como sociedad civil ser responsables con la información que compartimos y que internalizamos como verdadera. De lo contrario corremos el riesgo de repetir en México un desastre como el de la elección de Trump.

Román Acosta Rodríguez