El día de ayer la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con el cual se pretende reformar la Constitución para eliminar el fuero en los tres órdenes de gobierno en todos sus niveles. Es decir, no solamente el presidente y los miembros de su gabinete podrán ser procesados si no también diputados y senadores, así como ministros y magistrados. Esta reforma también contempla a los otros dos niveles de gobierno, por lo que el fuero quedaría eliminado tanto para gobernadores como para alcaldes, así como para diputados y magistrados locales.

La motivación para llevar una reforma de este estilo es clara. En las últimas décadas, la percepción de la población es que los políticos han abusado de esta figura jurídica para escapar a la justicia. Entre muchos casos, tal vez el más recordado sea el del Julio César Godoy Toscano, quien tomó protesta un año después de haber sido electo diputado en Michoacán ya que se encontraba prófugo de la justicia. Después de lograr colarse a San Lázaro, el ahora exdiputado se escondió por dos días en el sótano de las oficinas del PRD en el Congreso, para después poder salir a tomar protesta y así disfrutar de la protección del fuero que la Constitución actualmente otorga.

A pesar de la pésima y bien ganada reputación que tiene el fuero en México, este instrumento no es una ocurrencia del Congreso Constituyente de 1917. La lógica principal del fuero entra en un contexto de balance de las fuerzas de gobierno. Una de las razones para dividir los poderes del Estado en legislativo, ejecutivo y judicial es evitar la concentración y el abuso de poder. Así, por ejemplo, si el presidente está tomando atribuciones que van más allá de las capacidades que están determinadas en la Constitución, el poder legislativo o el judicial pueden ponerle un alto. Recientemente el Poder Judicial mediante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le puso un alto al Poder Ejecutivo, en particular a la PGR, diciendo que no podían difundir material videográfico sobre cierto candidato a la presidencia.

Así, la lógica detrás del fuero es que para que los individuos que administran el poder del Estado puedan actuar y retar las acciones de otros poderes, es necesario que estos individuos se sientan con la certeza de que no habrá repercusiones en su contra. De lo contrario, se podrían crear incentivos en un poder u otro a utilizar los recursos del Estado para perseguir a los individuos que sirvan de oposición desde otro poder. Por ejemplo, si a la PGR no le gustó que el TEPJF la haya regañado, tal vez la procuraduría podría buscar una manera de acusar a los magistrados del tribunal de algún delito, es decir, de perseguirlos políticamente.

Este problema no es menor, sobre todo en un país con instituciones jóvenes y en desarrollo. Sólo falta ver casos como Rusia o Venezuela, donde cualquier opositor al régimen es encarcelado por cualquier sinsentido. Sin embargo, el abuso desvergonzado por parte de los actores políticos mexicanos de esta figura hace muy difícil defenderla.

Esta es una de las propuestas más rentables en el clima político actual. Los partidos y los políticos están siendo satanizados, y cualquier cosa que suene a quitarles poder como la Ley Kumamoto, la eliminación del fuero o quitar pensiones a expresidentes es garantía de aplauso fácil y celebración popular. Para que esta reforma pase se necesita ser aprobada en el Senado y en la mayoría de los congresos estatales. En pleno proceso electoral, votar en contra es casi un suicidio político, por lo que probablemente sea aprobada sin problema. Ojalá y nunca lo vayamos a extrañar.

Román Acosta Rodríguez