Los casos no son nuevos, tienen años, dicen los pocos que hablan, pero todos concuerdan en que se hicieron más visibles porque las amenazas para que den dinero a los delincuentes, son cada vez más violentas.

Las extorsiones, pago de “derecho de piso” o “renta” a líderes transportistas y concesionarios del Estado de México, han cobrado en 2019 la vida de conductores, la desbandada de directivos, la negativa de choferes a trabajar, la quema de unidades e intimidaciones como lanzar granadas.

Los casos no son nuevos, tienen años, dicen los pocos que hablan, pero todos concuerdan en que se hicieron más visibles porque las amenazas para que den dinero a los delincuentes, son cada vez más violentas.

El 18 de marzo una unidad de la empresa Zumpango-Zitlaltepec iba sobre la autopista México-Pachuca en Tecámac cuando dos subieron, pidieron saber por qué no les habían dado su dinero, bajaron al pasaje y aventaron un artefacto que sacó humo. El 2 de abril en Zumpango aventaron otra granada a una unidad de la misma línea.

Un representante detalló que, tras difundirse el video de la granada, muchos conductores y líderes huyeron por temor a ser asesinados como ocurrió con otros compañeros.

50 por ciento de unidades y ruleteros paró; hoy un 80 por ciento está de vuelta, pero con restricciones como evitar paradas en lugares prohibidos, oscuros o solos.

“Llegamos a tener una baja de servicio, se han activado un 10 o 15 por ciento, entonces andamos alrededor del 25 por ciento que todavía no opera; los conductores tienen miedo y no quieren salir… Desde las 7 baja mucho el servicio y no entran a algunas zonas”.

Ellos no pagan, aunque gastan más en seguridad.   

“Cuesta mucho pagar los financiamientos, sostener la plataforma laboral, y pagar una extorsión no deja de ser negocio”, explicó.

Las autoridades saben del problema, han detenido a personas y hacen operativos, pero el trabajo es insuficiente porque muchas empresas cubren las cuotas impuestas.

“Los delincuentes se animan porque tienen toda la impunidad y consentimiento de otras empresas que pagan derecho de piso y no quieren denunciar; tienen miedo, todo mundo tenemos miedo. Directivos, personal, choferes, jefes de servicio fueron amenazados, fue una desbandada total, nos estamos reagrupando”, indicó.

La situación es crítica, más en el corredor de Tecámac, Zumpango y Ecatepec. Las cuotas rebasan a veces los 100 mil pesos, la tarifa se fija por demanda, número de autos, derroteros y zonas por donde transitan.

El líder de Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) en Edomex, Odilón López Nava aseveró que los casos de extorsión pegan más al transporte público local que al foráneo y para no ser víctimas no dan nombres de concesionarios, denuncian asaltos y ponen seguridad, entre otras acciones.

El presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), Luis Axel Perea Sierra denunció que la inseguridad es muy marcada en la zona centro del país. En suelo mexiquense la ruta de riesgo es el Circuito Exterior Mexiquense donde sufren robo y extorsión.

Al cobro de renta de la delincuencia organizada y común, se suma otra, pues según la titular del Consejo Coordinador del Estado de México, Laura González Hernández, algunos mandos de Naucalpan, Ecatepec, Coacalco, extorsionan al ramo.

El fiscal General de Justicia estatal, Alejandro Jaime Gómez Sánchez reconoció que hay al menos dos grupos delictivos dedicados a extorsionar transportistas en la zona, uno es la Banda del MML y otro de “El Monterrey”. Añadió que abrieron demasiadas carpetas con varios detenidos ya procesados, además de incluir en la vigilancia a los militares.

Caja de datos:

• El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dice que de enero a abril hubo 618 casos de extorsión, sin especificar cuantos son a transportistas. En 2018 en el mismo periodo hubo 363, un incremento del 70.24 por ciento.

• El fiscal General de Justicia mexiquense, Alejandro Jaime Gómez aceptó que muchos casos se caen porque los pasajeros, conductores o concesionarios evitan denunciar.

• Transportistas pusieron sus propias unidades de seguridad en caminos donde pasan; los “vigilantes” alertan sobre posibles inconvenientes o personas sospechosas.
• Al menos en dos ocasiones los delincuentes arrojaron granadas para presionar por su pago

Dalila R. Franco