Pide invalidar Ley de Seguridad Interior mediante acción de inconstitucionalidad. 

Por: Vladimir Ríos.

El Premio Nacional de los Derechos Humanos es el máximo reconocimiento que otorga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Este 2017, la distinción fue para Miguel Álvarez Gándara, quien ha colaborado en diversos movimientos y organismos sociales de México y Latinoamérica, como promotor, analista, mediador y asesor en temas relacionados con la construcción de la paz, la justicia, democracia y, por supuesto, la defensa de los derechos humanos.

Gándara, licenciado en Comunicación, Maestro en Sociología y Ciencias Políticas, actual presidente del organismo civil sin ánimo de lucro de Servicios y Asesorías para la Paz (Serapaz), fundado en 1998 con el objetivo de impulsar el cambio social a partir de movimientos sociales.

El premio, consistente en una medalla, diploma y estímulo económico, fue entregado a Miguel Álvarez Gándara por parte del presidente de México, Enrique Peña Nieto, en una ceremonia en la residencia oficial de Los Pinos.

En su discurso de agradecimiento, Álvarez Gándara dijo asumir el reconocimiento “no como una medalla individual que vale por el atrás, sino como un compromiso que viene en proceso colectivo y hacia adelante”.

Así también lamentó la Ley de Seguridad Interior, que representa una reafirmación de la estrategia de seguridad que no funciona, ya que significa darle a la emergencia y fuerza la categoría de permanencia, por lo que pidió que esta Ley no debe prosperar.

“Se piensa que más fuerza es igual a más seguridad, pero la realidad nos demuestra lo contrario. Más fuerza termina generando más muertes, ciudadanos e individuos atemorizados, dispersos y desencantados por la ineficiencia de las autoridades encargadas de protegerlos. Por ello, soy de los que piensan que una Ley de Seguridad Interior no debe responder a la lógica de coyuntura para continuar la actual estrategia de seguridad”.

Por ello recomendó dos claves: primero, construir una nueva política y sistema nacional de seguridad desde la concepción de seguridad humana y ciudadana. En segundo lugar, instaurar una Fiscalía Autónoma que sirva para combatir de fondo la impunidad y la corrupción.

Además, hizo un llamado al Gobierno, al Senado y a las Fuerzas Armadas para que profundicen el diálogo por el país. En caso de que la Ley fuera aprobada, pidió a la CNDH que, con respaldo en el artículo 105 Constitucional, proponga ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad para invalidarla.