Aún no recibe su constancia de mayoría y Andrés Manuel López Obrador ya ha anunciado distintas medidas que aplicará al iniciar su administración; un panorama que advierte el advenimiento de un cambio en la forma de gobierno a una república centralista con organismos desconcentrados y algunas medidas que advierten una parálisis o, al menos, una ralentización del ya de por sí lento sistema de gobierno.

Pese a que en distintos sitios se ha manejado el tema de la distribución de las sedes de las secretarías de Estado por distintas partes del país como una descentralización; en realidad se trata de una mera desconcentración de las oficinas que simple y llanamente saldrían de la Ciudad de México para moverse a distintos puntos del país.

Contrario a este movimiento, las estrategias, decisiones y en general cualquier determinación relacionada con políticas o acciones que involucren la participación de estas áreas serán tomadas o al menos avaladas en la Presidencia de la República para su aplicación, lo que es una centralización de las decisiones del país.

El gobierno que se está dejando ver, entonces, sería uno centralizado aunque desconcentrado en distintas partes del país, con el retraso en la toma de decisiones que eso representará al momento de realizar diversos trámites.

Peor aún, la generalización de un imaginario construido y generalizado a partir de series y telenovelas de reciente producción sobre lo que los creadores de dichas obras audiovisuales piensan que es la burocracia, ha detonado la idea de que la solución de los problemas del país pasan por la reducción de estos puestos en los que mucha gente no hace nada y cobra mucho.

Esta determinación es una prueba clara de cómo se pretende centralizar el ejercicio del poder y la toma de decisiones en el país. El anuncio del cierre de las áreas de comunicación social para que todas las peticiones sean atendidas por un área única de la Presidencia de la República muestra cómo en estas decisiones no se está previendo la práctica y, por el contrario, se está planeando sobre supuestos.

De inicio la medida implicaría la pérdida de un estimado de mil 200 empleos de todos los niveles dado que estas áreas suelen estar integradas por personal de confianza, mientras que el personal de base deberá ser reubicado a desarrollar actividades en áreas que no domina o que, incluso, no está preparado profesionalmente para desarrollar (los empleados de base sindical no pueden ser despedidos según la ley).

En el funcionamiento del gobierno, sin estas áreas sustantivas, todas las peticiones de medios de todo el país deberán ser atendidas y resueltas por un área única en la Presidencia de la República que, además deberá estar atenta y dar seguimiento a las publicaciones relacionadas en los medios locales, regionales y nacionales para dar pronta respuesta a solicitudes de información, derechos de replica y demás situaciones que ocurren todos los días en las distintas delegaciones del gobierno federal.

Como ese caso estarán otro tanto de negocios y personas que deberán regularizar trámites yendo de una entidad a otra para poder concretar sus objetivos, las grandes empresas podrían no tener mayor problema pues estarían en capacidad operativa de delegar funciones en sus oficinas regionales pero las pequeñas y medianas deberán destinar recursos a este tipo de operaciones que, hasta ahora, son funcionales porque se encuentran en una misma ciudad.

Por si fuera poco, aún no queda claro cómo se atenderán las crisis de gobierno pues no es lo mismo trasladarse de las oficinas ubicadas a unas cuadras de distancia que tener que recorrer las largas distancias entre entidades para una reunión de trabajo; si a esto le sumamos la propuesta de eliminar la flotilla de aeronaves del gobierno (helicópteros y aviones), la situación de atención se vuelve aún más complicada.

Imaginemos una situación con los agricultores de Chiapas; la Secretaría del ramo se encontraría ubicada en Ciudad Obregón, Sonora, así que habría manifestación en la Ciudad de México porque, de todas maneras, las decisiones las toma Presidencia; el titular del ramo deberá esperar a que haya un vuelo comercial hacia la capital del país, además de que tendría que llegar al aeropuerto (actual) de la CDMX, esperar hasta una hora para desembarque y luego dos más para trasladarse a Palacio Nacional y atender el tema.

Otro caso hipotético, una locura de Trump que afecte al sector energético y de negocios del que se tenga que dar respuesta inmediata porque involucra temas de economía; implicaría el traslado de los titulares correspondientes desde Villahermosa, Tabasco (Energía), quizás Pemex (Ciudad del Carmen, Campeche), CFE (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas), Economía (Monterrey, Nuevo León) y tal vez Aduanas (Nuevo Laredo, Tamaulipas) para encontrarse con el de Hacienda y Presidencia en la Ciudad de México ¿se entiende ya el tiempo que tardaría en realizarse una reunión así? ¿Cuánto nos tardaríamos en enterarnos de los resultados con un área de comunicación saturada por las solicitudes de información?

Un gobierno centralista pero desconcentrado como el que pretende López Obrador nos llevará como país a resolver los temas con todavía más retraso, si a eso le sumamos el despido de 200 mil servidores públicos cuyo trabajo deberá ser absorbido por los que se queden, ganando menos sueldo y teniendo menos prestaciones… buena suerte a nosotros con eso.

Solo queda esperar que López Obrador y compañía recapaciten, reflexionen sobre la viabilidad de un gobierno así y reestructuren sus propuestas ante la notoria problemática que representaría una situación de esta naturaleza; urge que se entienda que la campaña ya terminó y que el gobierno exhibe medidas más estrategias y menos propagandistas por el bien de todos.

J. Israel Martínez Macedo